

“La deuda es de 10 billones de pesos. Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto alrededor de 800,000 millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso”, expresó el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando tomó protesta el 1 de diciembre de 2018 en la Cámara de Diputados.

En 2018, el último año del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, México tuvo un crecimiento de su PIB de 2.0%, quedando en 1 trillón 256 mil millones de dólares. Ese año, el gobierno presentó un presupuesto de egresos por el orden de los 5 billones 589 mil millones de pesos, de los cuales financiaría 495 mil millones con deuda pública; lo cual representaba un déficit público del 9.68% del total del gasto gubernamental y de 2.14% con respecto al PIB de ese año.
Durante su tercera campaña por la presidencia, AMLO expresaba que con austeridad y solo combatir la corrupción y los privilegios en el gobierno bastaría para no endeudar al país. En su primer presupuesto para el año 2019, López Obrador fue conservador y aumentó poco el gasto público, presentando un presupuesto por el orden de los 5 billones 792 mil millones de pesos, financiando solo 393 mil millones de pesos que se fueron a la deuda del país, y que representaban el 7.31% del presupuesto de egresos y solo el 1.61% del PIB.
Hasta ese momento todo pintaba bien. Andrés Manuel estaba cumpliendo su promesa de reducir el déficit fiscal y evitar endeudar más al país. Pero solo fue ese año, pues en 2020 el financiamiento público subió al doble que un año antes, alcanzando 674 mil millones de pesos, y en 2021 fueron 757 mil millones de pesos.
Y fue así que AMLO empezó a aumentar el gasto público y a pedir cada vez más préstamos para financiar su llamado proyecto de la “Cuarta Transformación”. En 2024, el gasto total del gobierno fue de 9 billones de pesos, con un déficit público de 1.9 billones de pesos, el cual fue financiado con nueva deuda, equivalente a 5.85% del PIB.
Los sobrecostos de sus obras faraónicas —como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la costosa cancelación del NAIM— fueron, en parte, la raíz del endeudamiento excesivo, ya que en conjunto representaron un gasto por el orden de 1.2 billones de pesos.
Aunado a ello, otro costoso rubro son los programas sociales con características clientelares, donde cada año se desembolsa del dinero público cerca de 1 billón de pesos. Y si bien son un soporte para millones de familias mexicanas, han demostrado poca efectividad en el combate real a la pobreza dado su carácter universal; es decir, que se entregan “parejo”, llegando a sectores de clase media y alta, donde se “despilfarra” mucho dinero que debería ir a sectores verdaderamente más desprotegidos y en pobreza extrema, una deuda que sigue pendiente con los de más abajo de la pirámide en México.
Endeudar un país o una empresa no es malo, si se hace de manera responsable y con fines enfocados a la competitividad y productividad nacional; es decir, cuando se invierte en infraestructura para promover la inversión nacional y atraer inversión extranjera. Para ello, la deuda debe financiar proyectos como puentes, puertos, carreteras, ferrocarriles de carga, centrales eléctricas, hospitales, drenajes, plantas de agua y proyectos hidráulicos, por citar algunos. Además, es importante invertir en educación, innovación, ciencia y tecnología, porque todo ello complementa el tener infraestructura de calidad con una mano de obra calificada, con lo cual se logra atraer inversión, empleos bien pagados y elevar el PIB nacional que en 2025 solo creció un 0.8%.
Pero hoy, por desgracia, vemos que el dinero se está “quemando” en programas sociales universales, en obras mal planeadas y mal construidas y, lo peor, innecesarias. Tan solo el Tren Maya costó 600 mil millones de pesos; con ese dinero se pudo haber reconstruido todo el sistema carretero del país, o posiblemente dotar de infraestructura de primer nivel a todas las universidades públicas del país. Pero no, a capricho de AMLO, se hizo una obra que dañó mucho el ecosistema de la zona y que poco aporta a la competitividad del país, y donde recientes trabajos periodísticos han documentado que los pobladores de la zona manifiestan que se han visto poco beneficiados con la derrama económica prometida por el paso del tren.
Andrés Manuel López Obrador recibió una deuda de 10.3 billones de pesos. A febrero de este año, ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum, la deuda pública va en 18 billones de pesos; es decir, que en tan solo ocho años los gobiernos de la Cuarta Transformación han aumentado la deuda en un 75%, lo cual nos demuestra que han aumentado por mucho el gasto público y, sobre todo, financiado el déficit fiscal con nueva deuda, quedando la promesa de López Obrador de no endeudar al país en pura demagogia.
En 2018, cada mexicano debía 82,500 pesos de la deuda pública; hoy deben 136,600 pesos. La deuda, sin duda, seguirá aumentando porque el gobierno tiene todo su gasto comprometido en programas sociales, pensiones, nómina, entre otros; y en algún momento tendrá que aumentar impuestos —un costo político que no quieren asumir—, así es que la deuda es la única opción. Así las cosas con el movimiento que era “La Esperanza de México”.
