

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito (…) Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una declaración con la que inició su conferencia de prensa el pasado jueves 30 de abril.
Sheinbaum se refería a la “bomba” que cayó sobre el territorio mexicano un día antes, el miércoles 29 de abril, cuando el gobierno de Donald Trump hizo pública una acusación formal aprobada por un Gran Jurado en contra del actual gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
“El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían tan exitosa y libremente sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico de drogas debe terminar. Estos cargos envían un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: no importa su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, expresó Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Además de Rocha Moya, la acusación incluye a 9 personas más, entre ellas el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador de la República por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, y seis exjefes policiacos de fuerzas municipales y estatales.
En la acusación formal, el Departamento de Justicia precisa que: “Rocha Moya, un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, con el apoyo de los Chapitos. Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición. A cambio, en múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cártel, en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas. Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
El documento, presentado ante la jueza federal Katherine Polk Failla, también señala que Rocha Moya habría permitido a “Los Chapitos” colocar funcionarios en el gobierno y en corporaciones de seguridad, quienes a su vez protegieron sus operaciones de narcotráfico.

En una entrevista para Latinus en 2021, Carlos Loret de Mola le preguntó al entonces candidato a gobernador Rubén Rocha Moya: ¿Hay que coordinarse con el narco? Y Rocha contestó: “Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes; sin embargo, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes”.
—Usted, si gana la gubernatura en Sinaloa, ¿así lo haría?, le preguntó Loret.
—“Yo trataría de buscar que hubiera una manera de entendernos en lo elemental, en lo que más daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Yo creo que vale la pena intentarlo porque es la forma que nosotros no hemos puesto en práctica”, manifestó Rocha Moya.
—Si le habla el Mayo Zambada o alguno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿se sentaría a platicar con ellos?, cuestionó el periodista de Latinus.
—“Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, no tengo una negativa desde ahora”, puntualizó el ahora prófugo de la justicia norteamericana.
Las declaraciones del entonces candidato y hoy gobernador con licencia del Estado de Sinaloa, nacido en Badiraguato, Rubén Rocha Moya, son contundentes y adquieren mayor relevancia hoy, que la justicia norteamericana exige a la FGR su detención con fines de extradición; es evidente, según lo manifestó el también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que siempre ha estado abierto al diálogo con los delincuentes y no ve con malos ojos pactar con ellos.
El hecho no es menor y ha puesto a la presidenta Sheinbaum en una posición difícil, más en un año en el que se está renegociando el tratado comercial de libre comercio con nuestro vecino del norte, y que en 2025 aportó un intercambio económico de 872 mil millones de dólares, logrando México exportar a Estados Unidos 534 mil millones de dólares en mercancías e importar desde territorio “gringo” a suelo azteca 337 mil millones de dólares. Con ello, se logró en 2025 un superávit de 196 mil millones de dólares a favor de México.
De Estados Unidos también llegan a México más de 60 mil millones de dólares en envíos de remesas de la comunidad mexicana que trabaja en las tierras del “tío Sam”. Además de ello, los Estados Unidos son la principal fuente de inversión extranjera directa en México, con 15,877 millones de dólares invertidos; el capital estadounidense en el país representó el 38.8% de la IED total en México durante 2025.
Por su parte, los ingresos al país por turismo de estadounidenses también son relevantes: el año pasado, casi 13 millones de personas visitaron México, con una derrama económica aproximada de 15 mil millones de dólares.
Los números son fríos, y cuando los fiscales estadounidenses tocan tu puerta es porque tienen las pruebas. La presidenta Sheinbaum no debe jugar con la economía del país por querer encubrir a Rocha Moya, un personaje gris a quien el expresidente López Obrador llamó su hermano.
Está claro que Donald Trump no está jugando, y aquí no está en juego una figura política, sino la credibilidad del país, la confianza de los inversionistas y el sustento de millones de familias que dependen de nuestra relación con los “gringos”; y en política exterior, los errores se pagan con consecuencias económicas. El balón está en la cancha de la presidenta, veremos cómo lo juega.
